La invisibilidad histórica: la paz que no incluye a las mujeres Afro-Colombianas

Mundialmente se ha conocido que las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc culminaron con la aprobación de un acuerdo suscrito el día 24 de noviembre de 2016, casi dos meses después de la firma de un primer acuerdo entre las partes, que no logró una aceptación ciudadana mayoritaria en el plebiscito al que fue sometido en octubre del mismo año.

En general, tanto el primer como el segundo –y definitivo- acuerdo reflejan las preocupaciones más acuciantes para ambas partes dentro de la negociación: el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. Y, por supuesto, el pulso generado por los resultados del plebiscito dio lugar a las voces e intereses de fuertes sectores políticos de corte conservador que impulsaron la campaña en contra del primer acuerdo.

Pero, en medio de toda esta tensión, ¿qué pasó con las voces de las víctimas? Algunos grupos de víctimas, como las representadas por el movimiento de mujeres, fueron escuchadas directamente en La Habana por las partes y lograron sustantiva incidencia en el acuerdo final. Pero este no fue el caso de la población étnica-racializada, entre ella, la población afro-colombiana, que ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado y la violencia generalizada en el país. La invisibilización de las mujeres afro-colombianas fue aún mayor.

Meses después de una presión insistente a través de cartas, solicitudes y reuniones con personajes de un alto perfil político –incluyendo a congresistas de los EEUU-, líderes y lideresas afro-colombianas e indígenas lograron, el último día del ciclo de negociaciones del primer acuerdo, que se incluyera un “capítulo étnico” dentro del acuerdo general. Sólo hasta el último día del ciclo de negociaciones fueron recibidas por las partes, que les permitieron introducir en el acuerdo una versión abreviada de su propuesta de capítulo étnico, que inicialmente tenía cerca de 300 páginas.

El capítulo étnico, que no supera las 4 páginas, recoge y reafirma una serie de estándares mínimos para la interpretación e implementación del acuerdo final, con base en las obligaciones nacionales e internacionales del estado colombiano frente a los grupos étnicos. Este capítulo fue reproducido de forma prácticamente idéntica en el segundo acuerdo de paz.

Sin embargo, más allá de las breves líneas sobre salvaguardas para la garantía de algunos derechos de los grupos étnicos, no se introdujeron salvaguardas suficientes para la protección de las mujeres que pertenecen dichos grupos. Esa visión interseccional también fue omitida en las secciones sobre salvaguardas para las mujeres afectadas por el conflicto, que no abordan los daños y necesidades de las mujeres afro-colombianas e indígenas víctimas del conflicto y la violencia generalizada. Esa omisión resulta sumamente preocupante, dada la especificidad y gravedad de muchos de los daños ocasionados por la guerra a las mujeres afro-colombianas –así como a las indígenas-; daños que no coinciden con los que enfrentan sus pares raciales o sus pares de género.

El Centro para la Interseccionalidad y Estudios de Política Social de la Universidad de Columbia junto con el African American Policy Forum llevaron a cabo una investigación, condensada en un reporte de más de 90 páginas, que develó la gravedad de la situación que enfrentan las mujeres afro-colombianas expuestas al conflicto armado y la violencia generalizada, así como la necesidad de un enfoque diferencial frente a estas atroces circunstancias.

Entre otros aspectos, se evidenció que uno de los factores causantes de la violencia en contra de las mujeres afro-colombianas de varias regiones del país ha sido la divergencia entre la concepción de mujer que ellas tienen de sí mismas y la que predomina en sus comunidades en contraste con la idea de mujer, y más específicamente de mujer afrodescendiente, que tienen los actores armados. Estos individuos, muchos de los cuales han sido personas ajenas racial, geográfica y culturalmente a los espacios invadidos, han tratado de imponer su “visión de mujer” por la fuerza.

Por ejemplo, en la zona costera del departamento de Córdoba, habitada en más de un 90% por población afrodescendiente, las mujeres han sido tradicionalmente muy autónomas y verbalmente expresivas. Por tal razón, muchas fueron descalificadas por los paramilitares como rebeldes y liberales. Los líderes paramilitares procedieron, en consecuencia, a imponerles castigos ejemplares dirigidos a demostrar, en últimas, que sus cuerpos pertenecían a los hombres, estando los paramilitares de tez blanca en la cima de la jerarquía. Por acciones como contradecir a sus parejas en público, algunas fueron castigadas con la asignación de trabajos forzosos en las fincas de los paramilitares, como lavar la ropa de toda la tropa, recoger las cosechas u otras labores asociadas comúnmente con el rol “doméstico” de las mujeres; a otras les pusieron letreros o sus cuerpos fueron marcados con mensajes como "soy infiel" o “soy chismosa”, por acciones como tener una relación real o presunta con hombres distinto a sus parejas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014: 117).

Es más, así como los paramilitares que operaban en la región calificaban expresa y abiertamente a la población afrocolombiana como "animales", muchas mujeres negras fueron tratadas bajo esos paramétros. Algunas de ellas, al ser castigadas, fueron encerradas durante días en cuartos vacíos, ubicados en los campamentos de los paramilitares, sin camas, sin baldosas, sin inodoros o cualquier tipo de accesorio básico inmobiliario, para ser violadas durante días por comandantes paramilitares (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014: 161)

También identificamos que las mujeres y las niñas afro-colombianas han sido sometidas a múltiples "regulaciones", por parte de los actores armados, alrededor de sus expresiones externas, sus relaciones sociales y muchas otras esferas de su expresión corporal y subjetiva. Esta “liberalidad” en su expresión corporal o relacional ha sido comúnmente castigada con la violación u otras formas de violencia sexual (CIDH, 2006: 96). Por ejemplo, en la ciudad portuaria de Buenaventura, donde cerca del 90% de la población es afrodescendiente, uno de los periódicos regionales informó que en los panfletos amenazantes, los grupos armados suelen referirse a las mujeres como "putas" y "putillas" además de usar advertencias violentas como: "sigan usando esas faldas y blusas reveladoras y terminarán violadas o asesinadas" (El País, 2011).

Es más, en años recientes se ha identificado en municipios como Suárez, Buenos Aires y Tumaco una proliferación de los casos de embarazos forzados y embarazos adolescentes que involucran actores armados, tanto legales como ilegales (Ombudsman, 2011). Lo anterior indica que en muchas regiones del país se ha impuesto coercitivamente aquella visión colonial de la mujer afrodescendiente como objeto de explotación sexual.  

En otras regiones, como el municipio de Tumaco y sus alrededores, donde al menos 89% de la población es afro-descendiente, tanto instituciones estatales como organizaciones locales han identificado un dramático aumento en la violencia doméstica y la violencia física contra mujeres, que coincide con la consolidación del dominio de actores armados, sus prácticas y sus discursos. En 2014, el entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal explicó en entrevista en un periódico de amplia circulación nacional, que los actos violentos más frecuentes en el municipio son actualmente la violencia física contra mujeres, la violencia física contra menores y la violencia doméstica. De hecho, explicó el director, mientras que en 2005 y 2006 los casos de violencia doméstica entre parejas registrados por el INML fueron 83 y 94 respectivamente, en 2014 fueron denunciados 203 casos de violencia doméstica contra mujeres en el municipio (Elespectador, 2014). Por su parte, en la ciudad de Buenaventura se registraron 511 casos de violencia doméstica en el año 2015.

Además, en muchas de las ciudades históricamente habitadas por la población afrocolombiana en la región del Pacífico, las autoridades han identificado la consolidación y aumento de un fenómeno antes extraño a estas comunidades: el feminicidio. Solo en la ciudad de Buenaventura, entre 2008 y 2010, mientras que el número total de homicidios disminuyó de 217 a 146 y el número de asesinatos de hombres disminuyó de 204 en 2008 a 130 en 2010, el porcentaje de asesinatos de mujeres aumentó de 6% en 2008 a 9% en 2009 y 11% en 2010.

Muchos de estos homicidios han sido perpetrados por actores armados como castigo por la relación real o supuesta de la víctima con los miembros del "lado enemigo". En 2008, Amnistía Internacional documentó el caso emblemático de una niña de 16 años que fue secuestrada y asesinada por paramilitares en agosto de 2007 en Buenaventura. Cuando sus familiares les solicitaron entregar su cuerpo, los paramilitares informaron que la joven había sido asesinada como advertencia para cualquier persona que tuviera relaciones con guerrilleros. Ellos indicaron que su cuerpo había sido atado a una torre de electricidad con el fin de dar a conocer públicamente la advertencia, en razón de lo cual sus familiares se vieron obligados a regresar al día siguiente. Al volver nuevamente por el cadáver de su hija, los paramilitares replicaron que el cuerpo de la menor había sido abierto, sus órganos genitales habían sido retirados y el cadáver había sido arrojado al mar (Amnistía Internacional, 2008: 7)

En todos estos casos y los descritos a lo largo de nuestro reporte se evidencia el recrudecimiento de una lógica discriminatoria que ha recaído violentamente sobre los cuerpos e identidades de las mujeres afro-colombianas de formas y a través de dinámicas singulares, que han recrudecido los efectos históricos de la colonización y la trata esclavistas. Muchas de las formas de violencia que ellas han resistido no encajan de forma exclusiva bajo las categorías de racismo o sexismo. Son consecuencia específica de la interacción entre dos o más factores de discriminación y, por ende, las herramientas exclusivamente diseñadas para atacar el racismo y el sexismo no resultarán suficientes a los propósitos de extinguirlas o tratarlas.

Un esfuerzo genuino por construir paz en Colombia debe reconocer y atender adecuadamente los daños que las mujeres afro-colombianas han enfrentado y atacar las causas estructurales de las violencias que han padecido históricamente, so pena de negarles, una vez más, el goce de la prometida paz.